La fiscalización de la economía digital continúa escalando a nivel global, impulsada por las recomendaciones del Proyecto BEPS de la OCDE. México, que ya había sido pionero en 2020 al implementar un régimen de retención para plataformas digitales, da ahora un paso sin precedentes. La Reforma 2026 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) introduce una herramienta de presión extrema: la facultad del SAT para ordenar el bloqueo de acceso a plataformas digitales como medida para garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales. La lógica detrás de esta decisión es clara: ante la dificultad de cobrar créditos fiscales a empresas sin presencia física en el país, se recurre al control directo de la señal de internet. Lo que antes parecía un escenario teórico se vuelve una realidad operativa.
Desde nuestra experiencia en Kreston FLS, observamos que esta medida no solo está dirigida a las grandes tecnológicas, sino que impacta directamente a cualquier empresa mexicana que dependa de servicios digitales transfronterizos. En un mundo empresarial basado en la nube, un bloqueo a un proveedor de CRM, ingeniería, almacenamiento o videoconferencias puede paralizar operaciones completas sin que la compañía local tenga responsabilidad fiscal alguna. El riesgo deja de ser tecnológico: es estratégico.
Las reformas se concentran en el Capítulo III Bis de la LIVA, donde el cambio de fondo no recae en la tasa —que permanece en 16%—, sino en las facultades de control y acceso a la información. A partir de 2026, el SAT podrá exigir interconexión vía API o reportes en tiempo real, lo que le permitirá visualizar transacciones digitales en el mismo instante en que ocurren. Esto abarca viajes de Uber, rentas de Airbnb o renovaciones de suscripciones, cruzando esta información con métodos de pago para reforzar la trazabilidad fiscal.
Paralelamente, el mecanismo del denominado Kill Switch establece un procedimiento de sanción contundente para proveedores extranjeros que incumplan. La falta de pago del IVA retenido, la omisión de declaraciones informativas, la negativa de acceso a la API o la ausencia de representante legal en México se convierten en causal de bloqueo. Si la plataforma no corrige dentro de los plazos legales, el SAT publicará el aviso en el Diario Oficial de la Federación y ordenará a los concesionarios de telecomunicaciones —Telmex, Izzi, Totalplay, Altán y otros— impedir el acceso a direcciones IP, dominios o URLs específicas. Los operadores de internet tienen apenas cinco días para ejecutar la orden, bajo amenaza de sanciones millonarias. La fiscalización se vuelve territorial.
El riesgo operativo para las empresas mexicanas es evidente. Un ejemplo realista lo encontramos en una empresa de manufactura en Querétaro que depende de un software especializado de diseño e ingeniería proporcionado por un proveedor alemán. Si este proveedor decide no cumplir con los nuevos requisitos del SAT, la plataforma puede ser bloqueada sin previo aviso. El resultado es devastador: los ingenieros llegan un lunes por la mañana, intentan ingresar al sistema y encuentran un error de “sitio inaccesible”. La operación se detiene y la empresa mexicana queda atrapada en un daño colateral que no provocó.
Las interrogantes legales y estratégicas no tardan en surgir. Se anticipan amparos que argumenten violaciones a derechos constitucionales, como el acceso a la información o la libertad de comercio. No obstante, la Suprema Corte podría respaldar la medida bajo el principio de soberanía fiscal. El desbloqueo es posible si la plataforma cumple sus obligaciones y garantiza el interés fiscal, pero incluso después del pago, los tiempos administrativos podrían extender la interrupción por semanas. En este contexto, las empresas mexicanas deben comenzar cuanto antes una auditoría de sus proveedores digitales críticos.
La intención del SAT es clara: lograr visibilidad total y control territorial del ciberespacio mexicano. Para las organizaciones locales, el cumplimiento fiscal de los proveedores extranjeros se convierte en un nuevo criterio de evaluación de calidad y continuidad operativa. Por ello, resulta indispensable mapear todas las dependencias digitales, solicitar formalmente a proveedores extranjeros su estatus fiscal en México y establecer cláusulas contractuales que permitan cancelar servicios sin penalizaciones en caso de bloqueo.
En Kreston FLS ayudamos tanto a plataformas internacionales a integrarse correctamente al marco fiscal mexicano como a empresas nacionales a gestionar el riesgo que supone una cadena de suministro digital vulnerable. Antes de que el SAT apague su operación, es crucial implementar controles, evaluaciones y protocolos de contingencia.
Autor: Equipo de Impuestos Kreston FLS
