Análisis del nuevo límite de exención y el fin del “emplacamiento foráneo”
El Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026 introduce una de las modificaciones más relevantes de la última década en materia de impuestos patrimoniales. El Congreso local aprobó elevar el tope para acceder al subsidio del 100% del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, pasando de los tradicionales $250,000.00 pesos a un nuevo umbral de $638,000.00 pesos. Este cambio redefine por completo la lógica fiscal en torno al registro vehicular y elimina, en términos financieros y de cumplimiento, el incentivo para mantener vehículos o flotillas corporativas emplacadas fuera de la capital.
Durante años, tanto empresas como particulares recurrieron al registro vehicular en entidades vecinas —como Morelos, Estado de México o Guerrero— como una estrategia para reducir o eliminar el pago de tenencia en la Ciudad de México. Aunque esta práctica fue técnicamente legal en su momento, generó distorsiones administrativas, riesgos operativos y fricciones constantes con autoridades de tránsito y verificación vehicular. Además, la falta de congruencia entre el domicilio fiscal y el lugar de registro del vehículo incrementó el perfil de riesgo en revisiones y auditorías locales.
Ante esta fuga de recaudación y con el objetivo adicional de fortalecer el padrón vehicular por razones de seguridad y control administrativo, la Secretaría de Administración y Finanzas impulsó una estrategia de “repatriación fiscal”. A partir del 1 de enero de 2026, la carga tributaria asociada a vehículos de gama media y utilitarios prácticamente desaparece, transformando lo que antes era un gasto recurrente significativo en un trámite administrativo de bajo impacto económico.
La reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México establece que el subsidio del 100% sobre la Tenencia Vehicular aplica siempre que el valor del vehículo no exceda los $638,000.00 pesos. Para efectos fiscales, en el caso de vehículos nuevos se considera el valor total consignado en la factura, incluyendo IVA, ISAN y accesorios, sin que puedan aplicarse descuentos o bonificaciones comerciales posteriores. En vehículos usados, el valor se determina aplicando el factor de depreciación anual previsto en la ley sobre el valor factura original. En la práctica, esto permite que automóviles de gama alta modelos 2022 o 2023, cuyo valor original supera el millón de pesos, puedan ubicarse dentro del nuevo límite en 2026 como consecuencia de la depreciación acumulada.
El beneficio, sin embargo, no opera de manera automática. Funciona bajo un esquema de cumplimiento estricto que exige el pago oportuno de los derechos de refrendo vehicular —aproximadamente $760.00 pesos— a más tardar el 31 de marzo de 2026. Un pago extemporáneo elimina el subsidio y detona el cobro completo de la tenencia, junto con recargos. Adicionalmente, el contribuyente no debe presentar adeudos de ejercicios anteriores y debe contar con tarjeta de circulación vigente con chip o haber cubierto el pago correspondiente para su renovación.
Para las empresas, esta modificación impacta directamente la política de gestión de activos. El costo administrativo de contratar gestores para emplacar en entidades federativas vecinas, sumado al riesgo de multas por verificación extemporánea, restricciones de circulación y cuestionamientos en auditorías locales, hoy supera con creces el costo de cumplir localmente en la Ciudad de México. Desde una perspectiva fiscal y de cumplimiento, resulta más eficiente y seguro mantener los vehículos registrados en el domicilio fiscal de la sociedad.
Un caso ilustrativo es el de una empresa que planea renovar su flotilla de gerencia media con cinco SUVs compactas modelo 2026, con un valor unitario factura de $580,000.00 pesos. Bajo las reglas vigentes en 2025, cada unidad generaba una tenencia aproximada de $17,400.00 pesos, más derechos, lo que representaba un costo anual cercano a $90,490.00 pesos para la flotilla. Bajo el régimen 2026, al encontrarse por debajo del nuevo límite de exención, la tenencia se elimina por completo y el costo total se reduce prácticamente al pago de refrendos, generando un ahorro directo superior a $86,000.00 pesos en el primer año, además de eliminar gastos de gestoría foránea y riesgos operativos asociados.
La reforma de 2026 constituye una medida de simplificación administrativa y equidad tributaria que beneficia directamente a empresas y contribuyentes de ingresos medios. Mantener esquemas de emplacamiento foráneo para vehículos con valor inferior a $638,000.00 pesos ya no tiene justificación financiera y, por el contrario, eleva el perfil de riesgo ante revisiones locales. La recomendación de Kreston FLS es aprovechar el inicio de 2026 para regularizar y domiciliar los activos vehiculares en la Ciudad de México, asegurando el acceso pleno al subsidio y reduciendo contingencias futuras.
La gestión eficiente de los activos fijos no termina con la adquisición, sino que exige una planeación fiscal integral durante toda su vida útil. En Kreston FLS analizamos el parque vehicular de nuestros clientes para identificar unidades que califican para este nuevo beneficio y acompañamos el proceso de regularización con plena seguridad jurídica, permitiendo que las empresas optimicen su estructura de costos y fortalezcan su cumplimiento fiscal desde el primer día de la reforma.
